TRABAJADORES DEL CONGRESO EXIGEN NUEVO BONO DE S/ 10,700 PESE A RECIENTE PAGO DE S/ 20,600
En medio de una creciente desaprobación ciudadana al Congreso de la República, el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (SITRAPOL) ha solicitado el otorgamiento de un nuevo bono extraordinario por el monto de S/ 10,700 por trabajador, bajo el concepto de “cumplimiento de objetivos institucionales”.
La solicitud fue dirigida a la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, y se fundamenta en el incremento de la carga laboral generado por la implementación de la bicameralidad, así como la adecuación a nuevas herramientas tecnológicas dentro del Parlamento. Según el gremio, el personal ha cumplido satisfactoriamente con estos retos y merece una retribución adicional por los logros institucionales alcanzados.
Este pedido, sin embargo, ha generado gran controversia, debido a que en enero de este mismo año, los trabajadores del Congreso ya recibieron un bono extraordinario de S/ 20,600 por “cierre de pliego”, beneficio que también fue extensivo al personal de confianza.
La ciudadanía ha expresado un amplio rechazo en redes sociales y medios de comunicación, criticando el uso de recursos públicos para bonificaciones que no responden a un mérito técnico verificable ni a las difíciles condiciones económicas del país. Organismos de control y líderes de opinión también han cuestionado la falta de transparencia y la reiterada entrega de beneficios a un poder del Estado duramente cuestionado por su escasa productividad y alto nivel de desaprobación.
En contraste, desde SITRAPOL aseguran que el nuevo bono no tiene carácter remunerativo ni pensionable, y que su entrega permitiría “mantener la motivación del personal ante los nuevos desafíos del Parlamento”. La solicitud se encuentra actualmente en evaluación y la decisión de la Mesa Directiva se conocería antes de finalizar julio.
De aprobarse, los trabajadores del Congreso sumarían más de S/ 31,000 en bonificaciones extraordinarias en menos de seis meses, situación que vuelve a encender el debate sobre el uso del presupuesto público en instituciones que enfrentan un bajo nivel de confianza por parte de la ciudadanía.
