PERITAJE REVELA QUE BOLUARTE NO HABRÍA FIRMADO DECRETO DURANTE CIRUGÍA ESTÉTICA
Un peritaje grafotécnico independiente concluyó que la presidenta Dina Boluarte no habría firmado el Decreto Supremo N.º 017-2023-SA el 29 de junio de 2023, fecha en la que, según documentación médica, estaba internada en la clínica del doctor Mario Cabani tras someterse a una cirugía estética.
El informe, encargado por la Clínica Cabani al perito Julio Alfredo Espejo Quevedo, experto titulado por el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, sostiene que al menos dos firmas atribuidas a Boluarte no corresponden a su puño gráfico, incluyendo la del mencionado decreto y otra en una carta con fecha 3 de abril de 2025.
“En forma y en características grafointrínsecas son disímiles, no son iguales”, explicó Espejo en declaraciones al programa Cuarto Poder.
La controversia surge a raíz de la denuncia pública del cirujano Mario Cabani, quien afirmó que la mandataria estuvo internada del 28 al 30 de junio de 2023 en su clínica privada, y no habría podido firmar documento alguno en ese lapso. A través de una carta notarial, el médico emplazó a la presidenta a reconocer su internamiento y denunció presiones y amenazas desde Palacio de Gobierno.
La firma del decreto durante su presunta hospitalización avivó las sospechas sobre una posible suplantación de identidad. “No entendemos el poder del desdoblamiento en dos lugares”, expresó Cabani, refiriéndose a la imposibilidad de firmar en Palacio de Gobierno mientras estaba bajo cuidados postoperatorios.
El documento pericial, de 66 páginas, fue emitido el 13 de junio de 2025. En contraste, otras dos cartas enviadas por Boluarte con fechas 18 de marzo y 16 de mayo sí serían auténticas, según el mismo análisis.
Boluarte es investigada por el Ministerio Público por presunto abandono de cargo y omisión de funciones, debido a las cirugías realizadas sin comunicación oficial ni licencia médica durante sus funciones como jefa de Estado.
El caso se suma a una creciente crisis de credibilidad en torno al manejo de la información oficial por parte del Ejecutivo y abre nuevos flancos legales y políticos para la mandataria, cuya legitimidad y transparencia han sido duramente cuestionadas en los últimos meses.
