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NUEVO JEFE DEL INPE TIENE MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

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Con más de 35 años de servicio en el sistema penitenciario peruano, Jorge Henry Cotos Ochoa fue designado como jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), cargo desde el cual buscará fortalecer la gestión penitenciaria, la seguridad y los programas de rehabilitación en los establecimientos del país.

Cotos Ochoa realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de Lima. Es licenciado en Psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y egresado de la maestría del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), además de pertenecer a la promoción “L” del curso regular de Defensa y Desarrollo Nacional.

Durante su trayectoria profesional ocupó diversos cargos dentro del INPE, entre ellos secretario general, asesor de Presidencia y director regional en distintas zonas del país. Asimismo, fue director del penal del Callao y del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), además de desempeñar funciones en establecimientos penitenciarios como el Penal de Lurigancho y el Penal Miguel Castro Castro.

En el ámbito internacional fue becado en dos oportunidades por la Organización de los Estados Americanos (OEA) para participar en el curso superior de Seguridad y Defensa Hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa, realizado en Washington D. C., Estados Unidos. También participó como instructor y expositor en seminarios internacionales sobre seguridad, crimen organizado y gestión penitenciaria en el Organismo de Investigación Judicial en San José, Costa Rica.

Asimismo, participó en la formulación de normas y políticas penitenciarias, incluyendo la elaboración de proyectos vinculados al Código de Ejecución Penal y su reglamento, además de investigaciones relacionadas con la conducta delictiva y programas de rehabilitación.

Antes de su designación como jefe del INPE, se desempeñó como director del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte. Su nombramiento apunta a reforzar la administración y el sistema penitenciario del país.