La norma incorpora la figura de la “pensión por consumo” con un aporte automático del 1% en compras electrónicas, aunque especialistas advierten que el monto será insuficiente para garantizar jubilaciones dignas.
La Ley N.° 32123, de modernización del sistema previsional, establece que a partir del 1 de junio de 2028 todos los jóvenes peruanos quedarán obligados a aportar a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) si no han elegido voluntariamente otro sistema previsional antes de esa fecha.
El profesor Roger Puraca Soncco explicó que, como parte de la reforma, se implementará la denominada “pensión por consumo”, que consiste en destinar el 1% de las compras con boleta electrónica al fondo individual de jubilación del afiliado. Sin embargo, precisó que esta medida solo aplica en establecimientos formales como centros comerciales que emiten comprobantes electrónicos.
Un trabajador con ingresos de 2,000 soles mensuales apenas acumularía alrededor de 400 soles anuales mediante este mecanismo, cifra insuficiente para alcanzar una pensión digna. Además, la norma prohíbe el retiro de los fondos hasta cumplir entre 65 y 70 años de edad, a diferencia de lo ocurrido en la pandemia, cuando se autorizaron ocho retiros extraordinarios de las AFP.
Puraca cuestionó que la ley favorece principalmente a las administradoras privadas, que obtendrán mayores ingresos por comisiones. “Más del 70% de los trabajadores peruanos está en la informalidad y no podrá beneficiarse de esta medida porque no tiene acceso a boletas electrónicas”, advirtió.
La iniciativa fue impulsada por Fuerza Popular en medio de la crisis financiera que afrontaron las AFP tras múltiples retiros. No obstante, la norma también recibió el respaldo de congresistas de Alianza para el Progreso (APP), como Lady Camones, María Acuña y Nancy Heidinger, pese a que el líder de su partido, César Acuña, acaba de rechazar públicamente la ley.
En paralelo, congresistas como Sigrid Bazán, Américo Gonza y Pariona han presentado proyectos de ley para derogar la norma, en un contexto marcado por protestas ciudadanas contra la obligatoriedad del nuevo esquema.
Puraca remarcó que la Constitución no permite obligar a los ciudadanos a afiliarse a un sistema previsional específico, por lo que considera que la medida debería ser voluntaria y sujeta a la decisión de cada trabajador.
