Ganancias de la minería ilegal superan monto presupuestario necesario para las PTARs
La minería ilegal en Puno genera ingresos que superan proyectos clave mientras el Estado reduce presupuesto para combatir esta economía ilícita y sus efectos negativos.
La minería ilegal en el Perú alcanzó ganancias récord de 6,840 millones de dólares en 2024, según un informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Esta cifra representa un alarmante crecimiento de siete veces en la última década, de acuerdo con Stephani Maita, economista del Instituto Peruano de Economía, cantidad presupuestaria que supera el monto requerido para la construcción de las plantas de tratamiento en la región altiplánica.
La especialista explicó que la región Puno, esta actividad representa un doble desafío pues el 44% del oro exportado por el Perú proviene de operaciones ilegales en esta región, contribuyendo a la contaminación del Lago Titicaca y otros problemas ambientales y sociales. Sin embargo, destacó que las millonarias ganancias de esta economía ilícita podrían ser aprovechadas para solucionar necesidades urgentes, como la construcción de 10 plantas de tratamiento para el Lago Titicaca, cuyo costo se estima en 900 millones de soles.
Indicó que la minería ilegal no solo afecta la economía formal al no generar impuestos, sino que también agrava problemas sociales como el abuso laboral, la trata de personas y la delincuencia organizada. A nivel ambiental, esta actividad ha causado la deforestación de más de 50,000 hectáreas de la Amazonía en los últimos cinco años, muchas de ellas en áreas protegidas cercanas a Puno.
Destaca que, mientras las economías ilegales prosperan, las acciones del Estado para combatirlas se han debilitado. Desde 2019, el presupuesto destinado a la lucha contra la minería ilegal y el narcotráfico ha disminuido en 21%, según Maita. Este debilitamiento contrasta con el impacto devastador de la minería ilegal en regiones como Puno, donde no solo se pierde oro, sino también oportunidades para el desarrollo.
“Proyectos como la autopista Arequipa-Puno-Desaguadero, valorada en 455 millones de dólares, y el acceso al agua potable para más de 3 millones de peruanos, podrían ser financiados si siquiera una fracción de las ganancias de la minería ilegal se destinara a obras públicas”, sostuvo.
