
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un pronunciamiento oficial tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la reincorporación de Deportivo Binacional a la Liga 1 desde la temporada 2027, expresando su desacuerdo con la resolución y dejando en suspenso la forma en que será ejecutada.
A través de un comunicado difundido este 18 de mayo, la institución señaló que ha tomado conocimiento del fallo constitucional, aunque remarcó que discrepa de sus alcances al considerar que no existe sustento jurídico ni mérito deportivo que justifique el retorno del club puneño a la máxima categoría del fútbol profesional peruano.
La controversia tiene como origen el caso Sport Boys correspondiente a la temporada 2023. El Tribunal Constitucional ordenó aplicar una deducción de cuatro puntos al cuadro rosado debido a observaciones vinculadas al sistema de licencias, disposición que —según la resolución— alteraría la tabla acumulada de ese campeonato y permitiría que Binacional conserve la categoría.
No obstante, la FPF precisó que dicha sanción fue declarada previamente inejecutable tras la emisión de un fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), razón por la cual considera que la orden judicial presenta serias dificultades de aplicación dentro del marco deportivo vigente.
Además, la Federación fue enfática al sostener que, incluso si se aplicara la quita de puntos a Sport Boys, la posición final de Deportivo Binacional no variaría.
Según su interpretación de la tabla general del torneo 2023, el club juliaqueño se mantendría en la casilla 17, posición que corresponde al descenso, por lo que no existiría base reglamentaria ni deportiva para su inclusión en la Liga 1 del 2027.
“No hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro campeonato 2027”, sostiene la FPF en su pronunciamiento.
Asimismo, la entidad indicó que la sentencia del Tribunal Constitucional no habría tomado en cuenta los efectos que generaría sobre terceros clubes que no formaron parte del proceso judicial, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad del campeonato profesional.
En ese contexto, la FPF reiteró que las controversias deportivas deben resolverse dentro de los órganos jurisdiccionales especializados, como el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), y bajo los lineamientos establecidos por FIFA y Conmebol.
Pese a ello, la Federación aseguró que respeta las decisiones de las autoridades competentes dentro del marco constitucional y legal vigente, aunque su posición evidencia una clara discrepancia institucional frente al fallo.
Especialistas señalan que este escenario abre un nuevo capítulo de tensión entre la justicia constitucional y la justicia deportiva, mientras se mantiene la expectativa en Juliaca y toda la región Puno por conocer si finalmente el “Poderoso del Sur” logrará concretar su regreso a la Primera División.
Por ahora, la gran interrogante sigue abierta: ¿acatará la FPF la orden del Tribunal Constitucional o buscará nuevas vías legales para impedir su ejecución?
El origen del conflicto: Caso Sport Boys 2023
El veredicto del TC ordena restar cuatro unidades a Sport Boys en el campeonato del 2023 debido a infracciones en el sistema de licencias. No obstante, la FPF precisó que dicho castigo ya había sido anulado previamente por un fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), lo que entrampa la viabilidad de la orden judicial.
Binacional permanece en zona de descenso
Más allá de la polémica por los puntos, la entidad de San Luis fue tajante: la tabla general no sufriría alteraciones que beneficien a Binacional.
La FPF aclara que si se hiciera efectiva la quita de puntos a la escuadra rosada, la ubicación del club puneño en la clasificación general de aquella temporada no varía: se mantiene en la casilla 17, es decir, en puestos de pérdida de categoría.
Por tal motivo, la FPF enfatizó que no existe base legal ni mérito en el campo de juego para que el ‘Poderoso del Sur’ clasifique o sea incluido en la Liga 1.
Discrepancia institucional y la vía del TAS
Si bien el ente rector del balompié nacional manifestó su respeto por el marco constitucional, rechazó abiertamente el dictamen del TC por obviar el impacto colateral en terceros equipos que no participaron del litigio.
Finalmente, la FPF recordó que los conflictos de índole estrictamente futbolística deben dirimirse bajo la jurisdicción de los tribunales deportivos (TAS) y normativas de la FIFA y Conmebol, garantizando la transparencia y la estabilidad jurídica del fútbol local.




