Ejecutivo observa ley que crea 20 nuevas universidades públicas sin sustento técnico ni financiero
El Gobierno de Dina Boluarte decidió observar el dictamen aprobado por el Congreso que propone la creación de 20 universidades públicas en 15 regiones del país, argumentando que la norma carece de viabilidad fiscal y técnica. Mediante el oficio n.º 114-2025-PR, enviado al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, el Ejecutivo explicó que el proyecto vulnera el principio de equilibrio presupuestal y no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución.
El dictamen observado agrupa cerca de 30 proyectos de ley y plantea la creación de universidades en regiones como Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima, entre otras. No obstante, según el Ejecutivo, esta iniciativa representa un gasto público insostenible: más de 45 universidades han sido creadas en los últimos años, de las cuales 27 aún no cuentan con funcionamiento pleno y tienen comisiones organizadoras.
Entre los argumentos del Gobierno se encuentra el incumplimiento del artículo 79 de la Constitución, que impide al Congreso proponer leyes que generen o aumenten gasto público. Además, se advierte que no se presentó un análisis técnico ni presupuestal detallado sobre los costos que implicaría su implementación.
A pesar de las advertencias hechas desde el sector educativo, el dictamen no recibió observaciones del Ministerio de Educación. El ministro Morgan Quero no expresó oposición a la norma, a diferencia de los exministros del sector, quienes han calificado la propuesta como populista e inviable.
El exministro Ricardo Cuenca advirtió que esta expansión duplicaría el número actual de universidades públicas, “generando más brechas que soluciones”. Por su parte, Miriam Ponce estimó que solo el año inicial de implementación demandaría S/5.000 millones, sin considerar el proceso de licenciamiento. Este monto representaría casi el 25 % del presupuesto educativo del 2025.
El dictamen ha sido devuelto a la Comisión de Educación del Congreso, donde se espera que los legisladores reconsideren su aprobación ante la presión de expertos, exfuncionarios y colectivos como el Pacto por la Educación de Calidad, que reúne a más de 30 gremios y asociaciones.
Con informacion Diario La Republica
