Cinco dirigentes aimaras, entre ellos Walter Aduviri, enfrentarían penas de hasta 35 años de prisión.
La Corte Suprema de Justicia ha fijado para el próximo 6 de junio la calificación del recurso de casación presentado por el Ministerio del Interior contra cinco dirigentes acusados de entorpecer servicios públicos durante las protestas sociales del año 2011, conocidas como el “Aymarazo”.
Los implicados en esta etapa del proceso son Walter Aduviri Calisaya, José Aurelio Cupi Claros, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Machaca Quinto y Javier Pari Sarmiento. Todos enfrentan cargos por su presunta participación en los bloqueos de vías y otras medidas de fuerza impulsadas en rechazo a un proyecto minero en el sur de Puno.
El caso se remonta a hace 14 años, cuando se inició un proceso penal con 49 imputados, entre dirigentes y comuneros. En 2017 se inició el juicio oral con 19 acusados, y en 2019, todos fueron absueltos, con excepción del exgobernador regional Walter Aduviri, quien fue condenado a seis años de prisión.
La apelación del Ministerio del Interior llevó el caso a la Corte Suprema en 2022, y tras tres años, se conocerá la decisión final. La acusación fiscal solicita penas de entre 30 y 35 años de prisión y el pago de una reparación civil de dos millones de soles.
Uno de los imputados, José Cupi Claros, sostuvo que su inclusión en el proceso responde a una criminalización de la protesta social. Afirmó que durante las protestas se encontraba en recuperación tras una operación en Cusco, hecho que, según dijo, fue acreditado con documentos médicos y testimonios. Sin embargo, la Fiscalía lo considera uno de los instigadores por su labor como comunicador en la zona.
“La intención del Estado es acallar las voces de protesta y evitar futuras movilizaciones”, expresó Cupi, quien calificó el proceso como una persecución política.
