Regional

AUTORIDADES ORIGINARIAS DE PUNO EXIGEN DEROGATORIA DE LEYES 32293 Y 1620 TRAS REUNIÓN EN LIMA

256views

Una delegación de 10 autoridades originarias de la región Puno viajó a la ciudad de Lima el pasado 18 de junio para exigir la derogatoria de la Ley N.° 32293 y el Decreto Legislativo N.° 1620, normas que —según sostienen— vulneran derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.

Durante su visita, las autoridades sostuvieron reuniones con congresistas de diversas bancadas, a quienes entregaron documentos formales expresando su rechazo a las normativas. Así lo informó el Apumallku del Consejo de Autoridades Originarias de la Región Puno, Leopoldo Dante Quispe Quispe, quien señaló que los legisladores reconocieron que se trató de un error legislativo.

Según indicó, el congresista Jaime Quito, de la bancada Perú Libre, junto a integrantes de la bancada Socialista, ya habrían presentado un proyecto de ley para la derogatoria de ambas normas, hecho que fue confirmado mediante el cargo de ingreso oficial al Congreso.

⚠️ AMENAZA DE PARO INDEFINIDO

Leopoldo Quispe enfatizó que el pedido de derogatoria no solo proviene de Puno, sino también de las 114 comunidades del Condesuyo en las regiones de Arequipa y Cusco, quienes también habrían expresado su rechazo en reuniones con otras bancadas.

“Estamos priorizando el diálogo, pero si no somos escuchados por el Congreso, nos veremos obligados a iniciar una medida de lucha conjunta”, advirtió el representante originario, quien anticipó la posibilidad de un paro indefinido a nivel interregional en caso de que no se atienda su demanda.

📌 CONTEXTO

Las leyes cuestionadas —la Ley 32293 y el Decreto Legislativo 1620— han sido criticadas por diversas organizaciones sociales y comunidades indígenas por presuntamente debilitar la consulta previa, criminalizar la protesta social y facilitar el ingreso de empresas extractivas en territorios comunales.

Las autoridades originarias reiteraron su voluntad de mantener el diálogo, pero también su firme decisión de defender los derechos territoriales y colectivos, en coordinación con las bases comunales y organizaciones sociales de sus respectivas regiones.