PUNO: LIMITACIONES PRESUPUESTALES FRENAN RESPUESTA DEL ESTADO ANTE AVANCE DE LA MINERÍA ILEGAL
Defensoría advierte que la región es la segunda con mayor conflictividad social del país, con mayoría de casos socioambientales.
La región Puno se mantiene como la segunda con mayor conflictividad social a nivel nacional, después de Loreto, según el más reciente reporte de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el informe N.° 264, se registran 21 conflictos sociales, de los cuales 19 están vinculados a temas socioambientales, principalmente relacionados con la actividad minera.
“En la región Puno continuamos siendo la segunda región a nivel nacional con mayor conflictividad social”, afirmó Tania Cáceres Ortega, jefa de la Oficina Defensorial en Puno, quien advirtió sobre el crecimiento de estas problemáticas en distintos territorios.
En este contexto, la minería ilegal se posiciona como uno de los principales factores de conflicto, generando no solo tensiones sociales, sino también delitos conexos como trata de personas y el uso ilegal de armas, afectando incluso a poblaciones que no están directamente vinculadas a estas actividades.
“Hay delitos también como trata de personas, el manejo de armamento y otras actividades relacionadas a la minería ilegal”, señaló la funcionaria, alertando sobre el impacto integral de esta problemática en la región.
No obstante, la respuesta del Estado se ve limitada por la falta de presupuesto y personal. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público enfrentan dificultades para intervenir de manera oportuna en zonas críticas, lo que reduce su capacidad operativa.
Ante ello, se recomienda fortalecer los recursos logísticos y humanos de las instituciones encargadas, a fin de mejorar la atención de los conflictos y evitar su escalamiento en el sur del país.
