36 AÑOS DESPUÉS: GOBIERNO SOLICITA FACULTADES LEGISLATIVAS COMO LO HIZO FUJIMORI EN 1990
EL EJECUTIVO SOLICITÓ AL CONGRESO FACULTADES POR 120 DÍAS PARA IMPULSAR 66 MEDIDAS. EL PEDIDO GUARDA ALGUNAS SIMILITUDES CON LA SOLICITUD PRESENTADA EN AGOSTO DE 1990 POR EL ENTONCES PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI, AUNQUE AMBOS CONTEXTOS Y ALCANCES SON DIFERENTES.
El pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y sustentado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, vuelve a poner sobre la mesa un mecanismo al que ya recurrió el Estado peruano hace 36 años.
El Ejecutivo solicitó al Congreso la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días para desarrollar 66 medidas distribuidas en diferentes materias. La propuesta tiene como principales ejes la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la modernización del Estado, la simplificación administrativa y medidas vinculadas al desarrollo productivo y económico.
El pedido fue aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de agosto y posteriormente remitido al Congreso para su evaluación. De acuerdo con el proyecto, las facultades permitirían al Ejecutivo emitir decretos legislativos únicamente sobre las materias que sean autorizadas por el Parlamento y durante el periodo establecido.
EL ANTECEDENTE DE 1990
Un escenario similar se presentó durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. El 28 de julio de 1990, durante su primer mensaje a la Nación, el entonces mandatario anunció su intención de solicitar facultades para legislar durante 180 días, inicialmente enfocadas en materia tributaria.
La situación económica del país era uno de los principales argumentos del nuevo gobierno. El Perú atravesaba una profunda crisis económica, con elevados niveles de inflación y graves problemas fiscales.
Casi un mes después, el 27 de agosto de 1990, el entonces presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, acudió al Congreso para sustentar el pedido de facultades. El registro del debate parlamentario confirma su exposición ante el Congreso en esa fecha.
La propuesta de aquel momento terminó teniendo un alcance mucho más amplio que el planteamiento inicial. El Ejecutivo buscaba facultades para impulsar cambios en la estructura del Estado y reorganizar determinadas entidades públicas, además de introducir modificaciones en sectores estratégicos de la economía.
Entre las materias consideradas se encontraban comercio exterior, minería, industria, pesca, electricidad, agricultura y pequeña empresa, así como aspectos relacionados con el presupuesto, la seguridad social, la planificación y las remuneraciones del sector público.
EMPRESAS ESTATALES EN EL DEBATE DE 1990
Uno de los aspectos que marcó aquella solicitud fue el futuro de las empresas públicas.
Durante los primeros meses de su administración, Fujimori planteó la reestructuración de empresas como Petroperú, Electroperú, Entelperú y Sedapal. Posteriormente, el gobierno abrió la posibilidad de transferir la administración, incorporar capital privado o vender determinadas empresas que no fueran consideradas estratégicas o que no demostraran eficiencia.
Este punto diferencia aquel pedido del presentado actualmente por el gabinete de Galarreta, pues la propuesta de 2026 no contempla una autorización general para privatizar empresas públicas.
En el caso de Sedapal, sin embargo, el actual Ejecutivo sí plantea medidas relacionadas con su reestructuración. Petroperú, pese a continuar siendo uno de los principales desafíos económicos del Estado, no aparece expresamente dentro de los pedidos centrales de la actual delegación.
SEGURIDAD: UNA PRIORIDAD EN AMBOS GOBIERNOS
La seguridad también constituye un punto de comparación, aunque las amenazas que enfrentaba el país en 1990 son distintas a las actuales.
Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, el país enfrentaba la violencia de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). En ese contexto, el Ejecutivo planteó cambios vinculados al Ministerio del Interior y a la capacidad del Estado para enfrentar la violencia subversiva.
En 2026, el Gobierno de Keiko Fujimori coloca nuevamente la seguridad como uno de los principales argumentos para solicitar facultades, pero el objetivo está dirigido principalmente contra el crimen organizado, la extorsión, el sicariato, la minería ilegal y otros delitos.
El paquete presentado por el Ejecutivo contempla modificaciones en materia penal, procesal penal, ejecución penal, seguridad ciudadana, orden interno, sistema penitenciario y asuntos migratorios. También plantea establecer un marco legal relacionado con la clasificación de determinadas organizaciones criminales como terroristas.
Además, se propone fortalecer el sistema penitenciario y regular una participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en determinadas labores vinculadas con la seguridad externa y el apoyo operativo en establecimientos penitenciarios.
UN PEDIDO MÁS AMPLIO EN MATERIAS, PERO DISTINTO AL DE 1990
Aunque ambos pedidos tienen en común la búsqueda de facultades para realizar reformas desde el Poder Ejecutivo, no se trata de iniciativas idénticas.
El pedido actual contempla 66 medidas agrupadas en ocho materias e incluye, además de seguridad, propuestas relacionadas con micro y pequeñas empresas, empleo, tributación, simplificación administrativa, transformación digital, desarrollo productivo, agricultura, recursos hídricos, infraestructura, pesca, minería, turismo, hidrocarburos, electricidad, asuntos ambientales, vivienda y saneamiento.
En cambio, la solicitud presentada durante el primer gobierno de Alberto Fujimori estuvo fuertemente marcada por la crisis económica y la necesidad de reorganizar el aparato estatal frente a la situación que atravesaba el país.
¿QUÉ OCURRIRÁ AHORA?
El pedido de facultades ya se encuentra en el ámbito del Congreso, que deberá evaluar las materias y el plazo solicitado por el Ejecutivo.
De ser aprobada la delegación, el Gobierno podrá emitir decretos legislativos únicamente dentro de los límites establecidos por la ley autoritativa. Es decir, las facultades no representan una autorización general para legislar sobre cualquier asunto.
El debate parlamentario determinará finalmente qué medidas serán delegadas al Ejecutivo y cuáles quedarán fuera de la autorización.
Así, 36 años después de aquella solicitud sustentada por Juan Carlos Hurtado Miller durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, el mecanismo de delegación de facultades vuelve a ocupar un lugar central en la política peruana, esta vez bajo la administración de su hija, Keiko Fujimori, y con Luis Galarreta al frente del Consejo de Ministros.
